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| El gobierno estatal anunció un operativo en comunidades, cuya seguridad fue tomada recientemente por los civiles armados |
"Nadie puede hacerse justicia por sí mismo; vivimos en estado de derecho y de instituciones", dijo el gobernador Ángel Aguirre al anunciar el operativo, durante una reunión este viernes por la noche con militares y elementos de la Policía Federal.
El anuncio ocurrió luego de que un portavoz del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSyJC), Gonzalo Torres, dijo que el grupo de civiles armados tomó el control de las comunidades Cajeles, Buena Vista, El Rincón, Mohoneras, Dos Caminos, Carrizal, La Haciendita y Ocotito, en Chilpancingo.
“Nuestra presencia aquí es porque la ciudadanía de esta zona nos lo pidió, porque ya está cansada de que todos los días haya extorsiones, pago de derecho de piso y secuestros”, agregó Torres, según un reporte de la EFE.
El gobernador Aguirre no dio detalles del operativo, pero éste ocurre cinco días después de que seis estados, incluido Guerrero, acordaran reforzar la seguridad en sus zonas limítrofes con Michoacán, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desplegado elementos federales trasla creación de una Comisión para la Seguridad, ante los enfrentamientos entre autodefensas y presuntos criminales.
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En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que las autodefensas están presentes en 46 de los 81 municipios de Guerrero.
Algunos de ellos se formaron desde la década de 1990, pero en enero de 2013 el municipio de Ayutla de los Libres obtuvo mayor atención luego de que los grupos armados instalaran retenes para proteger sus comunidades y detener a presuntos delincuentes.
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El gobierno federal ha recalcado que las tareas de seguridad están en manos del estado y Peña Nieto dijo que quienes estén interesados en la seguridad de sus comunidades deben sumarse a las corporaciones de seguridad locales, una invitación que las autodefensas han rechazado.
En Guerrero, algunos grupos de policías comunitarios han sido apoyados por el estado. En abril de 2013, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), al que pertenece el SSyJC, recibió uniformes, radios y credenciales y fueron reconocidos por el gobernador Ángel Aguirre como parte del Sistema de Justicia Ciudadana.
Pero en otro caso, un grupo de 1,000 policías comunitarios del municipio de Ayutla fueron desarmados por efectivos del Ejército mientras protestaban por la liberación de 22 de sus compañeros detenidos.
“El gobierno de Guerrero ha apoyado con equipamiento a la Policía Comunitaria, que trabaja en la legalidad, y no así a los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un marco jurídico que los regule”, indicó el gobierno estatal en un comunicado en diciembre del año pasado.
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