lunes, 14 de octubre de 2013

ica.comGuillermo Moreno solicita que el Congreso deje fuera del presupuesto el “Cofrecito” y el “Barrilito”


Dice que la Constitución le da el derecho de pedir la medida a las Cámaras Legislativas y que en virtud de ese derecho está exigiendo a los legisladores escuchar sus motivaciones para que retornen al cumplimiento de la Carta Magna.

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Guillermo Moreno solicitó al Senado y a la Cámara de Diputados eliminar la asignación de recursos para el barrilito y el cofrecito, para asistencia social de los legisladores, y que los fondos sean asignados a un programa de apoyo a las madres solteras y desempleadas, dado que los legisladores se han convertido en violadores de la Constitución de la República al auto-asignarse recursos que no les corresponden. En una carta entregada en la mañana de este lunes en el Congreso Nacional, el presidente del Partido Alianza País, entregó una comunicación formal en la que solicita que se le permita exponer las razones por las que considera inconstitucional que en el presupuesto nacional del 2014 se incluyan recursos para los planes sociales de los diputados y senadores. Entiende que su petición se sustenta en el artículo 22.4 de la Constitución, que dispone potestad para que los ciudadanos puedan “formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades…”. Solicitó que su petición sea conocida en un plazo de 10 días en ambas cámaras legislativas, de acuerdo con lo establecido en la ley. Moreno entiende que es inaceptable que los legisladores reciban todos los meses hasta un millón y medio de pesos “por  concepto del Fondo de Asistencia Social, que nuestro pueblo, con la agudeza que le caracteriza bautizó como “Barrilito” y “Cofrecito”, dice el dirigente de Alianza País. Moreno, que previamente había informado a Reinaldo Pared y Abel Martínez que acudiría a las cámaras legislativas con su petición, dice que para la Constitución de la República el principio general es que ningún legislador tiene derecho a recibir un centavo del Presupuesto General del Estado, más allá de su salario. “Esto se corresponde además con la prohibición expresa del artículo 77.3 de la Constitución de la República al disponer que “los cargos de Senadores y Diputados son incompatible con otras funciones o empleo público salvo la labor docente”. Aunque había sido criticado por diversos sectores, hasta el momento ningún partido político había tomado una iniciativa como ésta. Acompañado de una comisión de dirigentes de Alianza País, Moreno dijo que tanto el “Barrilito” como el Cofrecito” constituyen formas de incrementar las remuneraciones o beneficios” de los senadores y diputados, que reciben por concepto de esta práctica todos los meses montos de dinero considerables para usarlos en beneficio propio, lo cual contradice abiertamente lo dispuesto por el texto del artículo 140 de la Constitución. En su comunicación a  los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Moreno explica que el “Barrilito” y el “Cofrecito” son contrarios a los principios de “libertad, transparencia y equidad” que debe primar en la contienda electoral, al tenor de lo dispuesto por el artículo 211 de la Constitución. Entiende que el Fondo de Asistencia Social, eufemismo utilizado por los legisladores para auto-asignarse los fondos, “es un instrumento antijurídico concebido para financiar con dinero público el activismo y la promoción personal de los legisladores. Quien recibe dinero público, -adicional por demás al financiamiento legalmente previsto y que opera a través de las asignaciones de la Junta Central Electoral a los partidos políticos- quebranta el principio de equidad concebido como una cuestión axial para el juego democrático”. Otro argumento que utiliza Moreno es que el “Barrilito” y el “Cofrecito” son herramientas que lastiman la libertad del votante, que es una condición necesaria para un ejercicio responsable del sufragio. “Esto así por el hecho de que el votante “beneficiado” no ejerce un derecho, -en los términos previstos en la Constitución- sino que cumple su parte en una burda transacción comercial en la que hipoteca su libre voluntad a cambio de una determinada suma de dinero”. Violación de los artículos 4, 80, 83 y 93 de la constitución La comunicación explica que el artículo 4 de la Constitución establece el principio de separación e independencia de los poderes públicos, consagra la naturaleza del sistema de gobierno, así como los principios de responsabilidad e indelegabilidad de las funciones y atribuciones de los representantes del poder público. Esas funciones y atribuciones, reza la parte final del texto constitucional bajo comentario, son “únicamente las determinadas por esta Constitución y la ley”. ¿Cuáles son las atribuciones únicas asignadas por la Constitución a las cámaras legislativas? Se pregunta el presidente de Alianza País. “La respuesta la tenemos en el texto del artículo 93 que nos informa que “El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo…” Legislar y fiscalizar  son los ámbitos de competencia de la actividad de los legisladores en nuestro ordenamiento constitucional. La Constitución no atribuye a los legisladores ninguna función respecto de labores de “asistencia social”. Los artículos 80 y 83 prevén las atribuciones particulares del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, dice el documento. De nuevo, ninguno de estos dos artículos les asigna a dicha cámaras funciones de “asistencia social”. El artículo 238 de la Constitución –sostiene Moreno- establece los criterios y principios para la asignación del gasto público entre los que se encuentran los de transparencia, eficiencia, prioridad y economía. “La prioridad del gasto público se determina por aquellas actividades que garanticen el desarrollo humano, el crecimiento económico sostenible, el estímulo del aparato productivo, el mejoramiento del clima de inversión, que reparen el deteriorado clima de seguridad ciudadana que atenta contra la convivencia y la estabilidad del sistema económico”. Por eso concluye que “cada centavo del presupuesto asignado al “Barrilito” y al “Cofrecito” lastra las posibilidades de que el conjunto de asuntos prioritarios de una política de desarrollo se materialicen siendo ésta una de las metas a la que debe propender el Presupuesto General del Estado”. Solicitó a Reinaldo Pared y a Abel Martínez  que los recursos del Presupuesto General del Estado que actualmente se dedican al Fondo de Asistencia Social o “Barrilito” sean destinados íntegramente a la creación de un “Fondo Especial de Apoyo a las Madres Solteras y Desempleadas”, a fin de fomentar que las mismas sean beneficiarias con políticas de empleo e incorporación a la actividad productiva. Así mismo que a las sesiones de trabajo legislativo cuya convocatoria él solicita al Congreso Nacional, se le invite a fin de exponer de viva voz y con mayores detalles las razones de su petición.
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